La Ley General de Comunicación Audiovisual, entró en vigor el 9 de julio de 2022, está dirigida a usuarios de especial relevancia en la creación de contenido en plataformas de intercambio de vídeo. La novedad más relevante de esta norma es la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hasta hace unos meses no existía una normativa específica que regulase a los influencers o creadores de contenido audiovisual. La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) va dirigida a “usuarios de especial relevancia en las redes sociales que empleen servicios de intercambio de videos a través de plataformas”, es decir, aquellos que promocionan productos o servicios de terceros o que comparten información que puede tener un impacto en la sociedad, a través de plataformas como Instagram, TikTok o Youtube. ¿Pero esto afecta a todos los creadores de contenido audiovisual? No, para recibir la consideración de usuarios de especial relevancia es necesario cumplir cinco requisitos simultáneos, indicados en el texto legal:
- Tener una actividad económica que conlleve a la obtención de unos ingresos significativos a través de los servicios de intercambio de vídeos.
- Ser el responsable editorial de los contenidos compartidos.
- El contenido ofrecido se destina a una parte significativa del público en general, pudiendo tener un claro impacto sobre este.
- El material compartido debe tener la finalidad de informar, entretener o educar.
- Estar establecido en España o haber comenzado la actividad cuando todavía se redía en el estado español.
“Para recibir la consideración de usuarios de especial relevancia es necesario cumplir cinco requisitos simultáneos, indicados en el texto legal. Al hacerlo están obligados a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual”, comenta Diego Moreno Pastor, fundador y CEO de Nickname Agency.
Tras adherirse a este registro adquieren una serie de obligaciones como distinguir de forma explícita la publicidad de los contenidos editoriales, advertir sobre el tipo de contenido que retransmiten, para así prestar especial atención al desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad o proteger a los usuarios respecto a contenidos que atenten contra la dignidad de la mujer, con carácter vejatorio o discriminatorio y promover la igualdad de género.
Además, el trabajo de los influencers deberá seguir una serie de directrices y códigos de conducta, que ellos mismos tendrán que establecer y velar por su cumplimiento. También podrán suscribirse a convenios por la autoridad audiovisual competente.
El incumplimiento de las anteriores obligaciones puede hacer incurrir en una falta leve o grave, en función de las circunstancias, con sus correspondientes sanciones e incluso que la plataforma tenga que cerrar su canal.