De conformidad con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se han aprobado diversas medidas para facilitar la situación de autónomos y empresas como consecuencia del COVID-19.

Si eres inquilino-autónomo los requisitos que hay que acreditar son los siguientes:

 

  1. Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha en la que se declaró el estado de alarma (14 de Marzo de 2020).
  2. Que tu actividad esté suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma o por órdenes dictadas por la Autoridad competente.
  3. En caso de que tu actividad no haya sido decretada como tal en suspenso, deberás acreditar una reducción en la facturación de al menos un 75% respecto de la media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes del año anterior.

 

Si el inquilino es una PYME:

 

  1. En caso de no superar los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, siempre y cuando el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros o que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
  2. Que su actividad haya quedado suspendida.
  3. En caso de que tu actividad no haya sido decretada como tal en suspenso, deberás acreditar una reducción en la facturación de al menos un 75% respecto de la media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes del año anterior.

 

En los supuestos anteriores, si el arrendador es un gran tenedor, se podrá solicitar a la propiedad una moratoria en el pago de la renta, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado de manera previa un acuerdo entre ambas partes de suspensión o reducción de la renta.

La moratoria será aplicada automáticamente por el periodo de duración del estado de alarma y sus prórrogas y en las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si el plazo de duración del estado de alarma fuera insuficiente en relación con el impacto económico provocado por el COVID-19, sin que pueda superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

La moratoria no conllevará ningún tipo de interés, fraccionándose en las cuotas siguientes, durante un plazo de dos años. Comenzando la obligación de pago de la primera cuota fraccionada cuando termine la situación del estado de alarma o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses prorrogables, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.

Cuando el arrendador es un pequeño propietario, el inquilino en este caso podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre y cuando no exista acuerdo previo entren las partes. El plazo para solicitarlo es de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Asimismo, arrendador y arrendatario podrán hacer uso de la fianza pagada al inicio del contrato «para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta». En el caso de que se disponga total o parcialmente de ella, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza en el plazo de un año desde el acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que fuera inferior a un año.